La Ley de Recursos Hídricos promulgada hace poco es una buena ley. Así lo han expresado empresarios mineros, agrarios, industriales y autoridades de varios sectores y regiones. Inclusive, algunos representantes de gremios agrarios como la Junta Nacional de Usuarios y otros gremios campesinos han expresado su aprobación a la nueva ley. Obviamente, todos coinciden en que la ley es perfectible, y que el Reglamento de la ley podría aclarar algunos puntos que requieran mayores precisiones. Pero en general, creo que estamos ante una buena ley.

Sus puntos fuertes son básicamente: (1) Establecimiento de una Autoridad Nacional del Agua (ANA) con representación de los sectores y usuarios más relevantes, (2) Manejo integral de cuencas en reemplazo de los limitados distritos de riego, que en algunos casos llegaban al extremo de administrar acequias, y (3) Fomento a la inversión privada en obras de irrigación y mejoramiento del uso del agua; entre otros.

Sin embargo, ahora hay que pasar del texto a la acción. Y eso pasa por el otorgamiento de licencias de uso de aguas sobrantes, tal como sucede en todos los ríos de la Costa en las épocas de avenida. Eso pasa también por establecer tarifas de agua razonables que permitan operar y mantener adecuadamente la infraestructura de riego, etc.

El momento es ideal para emprender lo que en inform@cción: AGRARIA hemos denominado “El Desafío del Agua”, el cual entre varias acciones plantea la construcción de muchos pequeños reservorios para retener el agua de avenidas y usarla en las épocas de estiaje.

Asimismo, plantea la infiltración de las aguas de avenida en las partes altas de los valles para rellenar los acuíferos que son los verdaderos reservorios de agua de los valles secos como Ica y otros de la Costa peruana.

A todo esto habría que preguntarnos: ¿dónde están las nuevas licencias de agua estacionales? ¿Cuántas licencias de ejecución de obras se han otorgado, de las tantas que – me consta – se han presentado? ¿Dónde se están aplicando las nuevas tarifas de agua que cubren los costos de manejo y mantenimiento de la infraestructura de riego?

Pues bien, en honor a la verdad, todavía no he visto ninguna aplicación de lo que la nueva ley manda. Una vez más, tenemos el caso de un buen mensaje, un buen diagnóstico, y una buena intención, pero en la práctica… nada.

Para que la nueva Ley de Aguas surta efecto, ésta requiere de liderazgo. El propio Presidente de la República y todos los ministros involucrados: Agricultura, Energía y Minas, Producción, Medio Ambiente, y por supuesto el Primer Ministro, y autoridades regionales y locales deben ejercer su liderazgo para que todos los funcionarios de sus respectivos ministerios e instituciones ejecuten lo que la nueva ley manda. Si no, me temo que – una vez más – estaremos ante una buena ley que no sirve para nada.

Ojalá éste no sea el caso.

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