Fernando Cillóniz

En términos generales… los sistemas de control del Estado no funcionan. Los Órganos de Control Institucional (OCI´s) – que existen en casi todas las instituciones públicas – no controlan la corrupción. Para tratar de corregir tal situación, la Contraloría General de la República va a asumir todas las OCI´s de los Gobiernos Regionales y Provinciales. ¡Veremos si la cosa mejora! Yo tengo mis dudas. Pero en fin… ojalá.

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) tampoco funciona como debiera. Muchos procesos supervisados por el OSCE están plagados de corrupción. Los expedientes técnicos; las especificaciones de los bienes y servicios a ser adquiridos por el Estado; los términos de referencia y bases de los concursos públicos; los concursos en sí; y hasta los otorgamientos de las buenas pro y suscripción de contratos… todo está “direccionado” para favorecer a postores indebidos. Y – por ende – para lucrar en perjuicio del Estado.

En muchos casos… el OSCE se presta para ello. Sus normas y procedimientos favorecen a proveedores y contratistas poco idóneos. Los empresarios corruptos se aprovechan de ello. Juegan con los plazos a su antojo. Se ponen de acuerdo – entre sí – para repartirse las obras. De ahí el nombre de “Club de los Constructores”.

Incluso cuando hay transparencia e integridad en los procesos, igual se presentan… pero para trabarlo todo. “Si no hay para mí… no hay para nadie”. Así actúan esos miserables. El país – y la población – les importamos un bledo. Todo lo observan a última hora – el último día – y el OSCE les da cabida. Luego, el OSCE se toma – también – los máximos plazos para emitir sus opiniones… las cuales – muchas veces – resultan ambiguas e irrelevantes. Todo lo cual dilata los procesos hasta las calendas griegas. El fracaso del Plan de la Reconstrucción con Cambios es una expresión – la más clamorosa… eso sí – de la inoperancia de los procesos de compras y contrataciones del Estado. Y por ende del OSCE.

¿Qué hacer? En mi opinión… hay que centralizar – y digitalizar – todos los procesos de compras y contrataciones del Estado. Nadie – en el Estado – debería poder comprar ni contratar nada. Excepto… la Central Única en mención. 100% digital. ¡Cero coimas! Incluso podría ser una empresa privada – nacional o extranjera – especializada en dichos menesteres.

Además… hay que empoderar a la ciudadanía. La ciudadanía empoderada – en alianza con la prensa responsable – debe fungir de órgano de control de las instituciones del Estado. Tal como lo está haciendo actualmente – con resultados muy esperanzadores – con la Fiscalía de la Nación y el Congreso de la República.

La ciudadanía empoderada debe vigilar más de cerca a las instituciones del Estado, y exigir probidad e idoneidad en todas ellas. Pero con más mucho rigor que el que existe actualmente. ¡Protestar – con firmeza y altavoz – cuando seamos maltratados por servidores públicos! Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales, Fuerzas Armadas y Policiales, Congreso de la República y Poder Judicial… todas las instituciones del Estado deben estar mejor vigiladas desde la ciudadanía empoderada.

Una “Asociación Cívica del Perú” – a la que podríamos denominar CÍVICA – canalizaría dicho empoderamiento ciudadano. Vamos a ver cómo nos va. En Ica – en cierta medida – lo hicimos. Y nos fue bien. Controlar al Estado desde la ciudadanía… esa es la idea. ¿Para qué? Para mejorar el bienestar de la población. ¿Cómo? Luchando frontalmente contra la corrupción.

Dado que los Organismos de Control del Estado no funcionan… la ciudadanía empoderada debe asumir dicho rol. ¡Esa es la idea!