Fernando Cillóniz

En nuestro país, hay personas – que no son pocas – que exigen la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria. ¿Cuál es la esencia de la referida ley? Pues que en vez de tributar el 30% de las utilidades, como es el caso de todas las empresas del Perú, el agro tributa el 15% de las ganancias. ¿Qué tiene de malo tributar el 15% de las utilidades; o en todo caso, qué daño les causa la Ley de Promoción Agraria a los detractores de la misma? Ciertamente, ninguno.

Se trata pues de una postura eminentemente envidiosa, por no decir acomplejada y rencorosa.

Es más, los mismos detractores de la Ley de Promoción Agraria, exigen también la derogatoria del Régimen Laboral Agrario, el cual – como se sabe – ha formalizado la relación laboral de cerca de 500 mil trabajadores en el sector.

Nuevamente ¿cuál es la esencia del Régimen Laboral Agrario? Pues que permite contratar temporalmente a los trabajadores, y – para facilitar el pago de los beneficios sociales de los mismos – se incluyen los beneficios sociales como Compensación por Tiempo de Servicios, Vacaciones, Seguro Social, Gratificaciones, etc. dentro de la remuneración diaria de los trabajadores.

Además, el aporte del empleador agrario por concepto de Seguro Social es 4% de la remuneración del trabajador, en vez de 9% como es el caso de los trabajadores de los demás sectores.

¿Cuál es el problema de normar en favor de la formalización del trabajo rural? Ciertamente, ninguno. Sin embargo, ahí están los detractores con sus envidias, complejos y rabias.

¿Quién gana – Quién Pierde con las leyes agrarias del Perú?

Por lo sucedido en el agro peruano desde la promulgación de estas dos importantes leyes, estamos frente a un caso de gana – gana total. Ganaron los trabajadores que formalizaron su relación laboral, y – por ende – cuentan con todos sus beneficios sociales. Ganaron los empresarios pues pudieron operar con la flexibilidad de contratar temporalmente a trabajadores para realizar las faenas agrícolas, que por su propia naturaleza, son de carácter temporal. Ganaron los proveedores de bienes y servicios para la agricultura, pues el sector creció significativamente, promovido por esta acertada legislación. Ganaron los ciudadanos de todo el mundo que pueden consumir alimentos peruanos de excelente calidad y precio. Y por último, ganó también el Estado que logró el bienestar para muchos peruanos que encontraron trabajo digno en el sector rural.

Por todo ello, la legislación agraria peruana que tantos beneficios ha generado, debe prorrogarse indefinidamente. ¿Para qué cambiar lo que funciona tan bien?