Fernando Cillóniz

La obsesión por tirarse abajo la legislación laboral agraria. La propuesta de establecer límites a la propiedad en el campo; por supuesto solo aplicable a empresas privadas, más no a empresas cooperativas o comunales. La moratoria por 10 años en torno al ingreso de semillas de cultivos transgénicos al país. Ese es el proceder de la anti agricultura empresarial que – valgan verdades – cuenta con el respaldo de algunos políticos, intelectuales, periodistas y ONG´s que no reconocen – o no quieren reconocer – que el resurgimiento de la agricultura empresarial ha generado mucho desarrollo y bienestar en el interior del país.

El pensamiento retrógrado de estos personajes los lleva al extremo de reivindicar la Reforma Agraria del General Juan Velazco Alvarado, cuando para la gran mayoría de peruanos, dicha reforma fue un rotundo fracaso al destrozar la estructura productiva de la agricultura nacional y – peor aún – al empobrecer a un vasto sector del campesinado del país.

El hecho es que a partir de los años 90, concretamente a partir de la constitución del 93, se dieron una serie de normas legales con el objeto de revertir la crisis agraria mediante la promoción de inversiones empresariales privadas, tal como se hizo con marcado éxito en todos los sectores de la economía nacional.

Una de esas leyes fue – precisamente – la que estableció el régimen laboral agrario, y que ahora se pretende derogar. Se ve que quienes están detrás de dicha iniciativa, no conocen de agricultura. No saben que la agricultura es marcadamente estacional. Es decir, hay momentos donde se requiere de mucha mano de obra, como es el caso de las cosechas u otras faenas intensivas en labores manuales, y hay momentos donde no se requiere de mucho personal.

Entonces, una ley que flexibilice la contratación y cese de personal, sin dejar de otorgarles a los trabajadores beneficios sociales como seguro de salud, compensación por tiempo de servicios, vacaciones, gratificaciones, etc. era – y sigue siendo – una buena idea.

Y el tiempo así lo ha demostrado. Hoy en día, el trabajo en el campo, gracias a la legislación laboral flexible, se ha multiplicado en el sector agroindustrial, a tal punto que los salarios han subido muy por encima del salario mínimo legal, y lo mismo ha sucedido con las condiciones de trabajo, que han mejorado significativamente para propiciar la captación de personal por parte de las empresas. O sea, la ley laboral agraria cumplió – y sigue cumpliendo – su cometido.

El problema es que actualmente se está debatiendo en el Congreso una serie de iniciativas que proponen la derogatoria de la legislación laboral en el campo. En otras palabras, “abajo lo bueno” parece ser la consigna de estos antis de la agricultura empresarial en el país.

Realmente lamentable. Volver a un régimen laboral rígido, o de estabilidad laboral absoluta, como pretenden algunos congresistas solo traerá informalidad y desaceleración en la agricultura del país.

Esperemos que la sensatez prime en el Congreso de la República, y que las leyes que tan buenos resultados dieron para propiciar el desarrollo de la agricultura empresarial en el país, no se cambien.

Las buenas leyes deben permanecer. El “abajo lo bueno” no debe prosperar.