LA ADMINISTRACION PÚBLICA Y LA AGRICULTURA
WALTER GALLOSO – ASESOR LEGAL 985105276
Asistimos al inicio de un nuevo gobierno en la cual todos los peruanos anhelamos que se inicien los cambios, reformas, transformaciones o lo que queramos llamar, orientado a lograr una mayor eficiencia de la administración pública.La experiencia que hemos acumulado los dedicados al campo, y en el caso nuestro a un contacto directo con la administración, es que día a día constatamos que no existe dentro de la mentalidad del funcionario con capacidad de decisión, e incluso del trabajador común y corriente una filosofía de servicio es decir, ser el ente facilitador entre esta relación Estado – Ciudadano.Sin embargo la realidad es otra, pues aún no se rompe el viejo esquema en el cual el ingreso a la función pública se llega por el favor político, lo cual conlleva que el que ejerce la función no lo hace pensando en brindar servicios al ciudadano, sino se orienta básicamente a cumplir los designios de quien depende su nombramiento o designación en el cargo; lo cual conlleva a ser un ente negativo en esta relación invocada (ciudadano común y corriente - estado).Así veremos por ejemplo en el caso de la agricultura, cuando uno solicita una gestión por ejemplo en Las Autoridades Locales del Agua, las cuales pese a tener un TUPA, sus decisiones no se adecuan a dicha norma, sino que imponen en muchos casos criterios personales, burocratización en la tramitación, lo cual hace interminable tener sus licencias formalmente, conllevando a que en muchos casos se tenga que ir de la informalidad a la formalidad ( es decir se invierten los procesos), justamente por cuanto el Estado es inoperante y lejos de ser un facilitador de la inversión se convierte en muchos casos en un limitante; y ello pasa justamente en que no existe una filosofía de SERVICIO CIUDADANO (salvo honrosas excepciones, como por ejemplo el Jefe del Ala Pisco, que es un servidor público honesto y facilitador de las gestiones que uno realiza; enmarcando las decisiones en solicitar el cumplimiento de los requisitos exigibles); sin embargo esto no es extensible en todos los valles; en los cuales incluso por quejas de los agricultores exigen estipendios para todo trámite ( es decir corrupción); lo cual debemos de orientarnos a desterrar de la administración pública, pues para ello el estado les paga una remuneración. Igual hemos podido apreciar en las distintas instituciones vinculadas con el Agro, lo cual por la salud del país debería de cambiar.Frente a ello pensamos que debe de aplicarse la Ley del Silencio Administrativo Positivo, en todas las gestiones que se realice tendentes a lograr un pronto pronunciamiento del funcionario público dentro del plazo estipulado en el TUPA, caso contrario darse por aprobado lo solicitado y con ello, aplicarse en forma drástica las sanciones que prevé la propia norma, frente a la omisión del ejercicio de sus funciones y evitar con ello la dilación de los procedimientos en perjuicio de los administrados, creemos que ya es hora que pongamos a caminar al estado en la misma dinámica que avanza la economía del Perú.

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