Esta es una discusión en el tema Las ‘tierritas’ del asesor Espinoza dentro del foro Sector Público y Privado, parte de la categoría Todo sobre Agricultura; Por: Zarella Sierra Peralta Un terreno de más de 26 mil hectáreas de extensión en la provincia de Chiclayo, Lambayeque. Un oficio del Ministerio de Agricultura que entregó el vasto terreno a la Fuerza Aérea del Perú (FAP). Una empresa creada por el asesor de la presidencia de Sierra Exportadora, ...
Por: Zarella Sierra Peralta
Un terreno de más de 26 mil hectáreas de extensión en la provincia de Chiclayo, Lambayeque. Un oficio del Ministerio de Agricultura que entregó el vasto terreno a la Fuerza Aérea del Perú (FAP). Una empresa creada por el asesor de la presidencia de Sierra Exportadora, sin mayor experiencia en la agroindustria. Un contrato de 45 años, firmado por la FAP, entregando la inmensa tierra al asesor de Gastón Benza Pflücker. ¿Irregularidad? ¿Conflicto de intereses? ¿Falta de ética? Ellos dicen que no, pero veamos.
UN ‘REGALITO’ PARA LA FAP. Hace pocos años, el Ministerio de Agricultura entregó en cesión de uso a la FAP un terreno de 26,370 hectáreas para ser utilizado en pruebas de tiro aéreo. Ubicado al norte del Río Zaña y al sur del Puerto Eten, el terreno dejó de ser útil para la institución antes de 2007, debido a que –según sus mismos voceros– la modernización de las armas aéreas hizo innecesario el dominio de tal extensión de tierra para sus ensayos de tiro.
Fue en ese mismo año cuando la empresa Government Supply International SAC, de propiedad de los hermanos Luis Javier y Juan Carlos Espinoza Battistini, se enteró “casualmente” de la disponibilidad de esta tierra y decidió que sería un buen negocio hacerse de la misma. Luis Javier Espinoza Battistini, por cierto, trabajaba entonces –y desde 2006– en el organismo público ejecutor Sierra Exportadora, que depende de la Presidencia del Consejo de Ministros.
Fue a raíz del interés de Government Supply que la FAP solicitó, con oficio de fecha 9 de julio de 2008, que el Ministerio de Agricultura “levante la reserva de dominio del terreno para su libre disponibilidad” y, en consecuencia, poder firmar el contrato de venta o arrendamiento con cualquier empresa interesada en el mismo.
A modo de explicación, los voceros de la institución armada dijeron a Perú.21 que “teníamos la necesidad de darle utilidad a ese terreno porque empezó a ser utilizado como basurero y existía un peligro de invasión”. Pero, entonces, ¿por qué no devolver la propiedad al sector Agricultura para que, por los canales regulares, se le diera utilidad? Silencio.
Resulta más curioso aún que Agricultura, lejos de reclamar la devolución de sus más de 26 mil hectáreas, emitiera, el 29 de setiembre de 2008, un documento dándole carta blanca a la FAP para que dispusiera, de acuerdo con su criterio, de dicha propiedad. Perú.21 intentó comunicarse con el jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del sector Agricultura, Pedro García Córdova, pero no obtuvimos respuesta.
Con el documento en mano, y como era de esperarse, la institución armada inició de inmediato los trámites ante las entidades respectivas (como la Superintendencia de Bienes Nacionales-SBN) para firmar el contrato de arrendamiento del terreno con la Government Supply International.
Tras subsanar los requerimientos de la SBN, que incluía la certificación de que el terreno no tenía restos arqueológicos, el 16 de noviembre de 2010 la FAP firmó el contrato de “otorgamiento de derecho real de superficie” por 45 años con la empresa de Espinoza Battistini, la que deberá pagar, de forma anual, solo S/.167.88 por hectárea.
El total del área alquilada es de 18,103 hectáreas y la finalidad del arrendamiento –según la FAP– es la generación del biocombustible etanol. Ahora bien, ¿cuál es la experiencia agroindustrial que respalda a Government Supply para hacerse de tamaño contrato?
MI PRIMER MILLÓN. Los hermanos Espinoza Battistini inscribieron, el 29 de mayo de 2003, su empresa con un capital de tres mil soles para dedicarse a la compra y venta de productos farmacéuticos, importación, exportación, recepción de donaciones, etc.
Pero en octubre de 2007, luego de plantearle a la FAP su propuesta agroindustrial, los Espinoza convenientemente modificaron el estatuto de la Government Supply y añadieron que la firma “podrá dedicarse a actividades económicas en el sector industrial, agrícola, comercial, energético, agroindustrial, minero” y la lista continúa. Y todo con un capital de S/. 3,000.
Con nada de experiencia y mucho menos capital para invertir, ¿cómo es que la FAP le entregó sus hectáreas a esta firma? Responden sus voceros: “Nosotros no hemos evaluado la experiencia de la empresa ni a quién le pertenecía, eso no lo pide la ley, nos hemos basado en el proyecto agroindustrial que ellos presentaron y hemos cumplido con las normas”.
La deficiencia en la evaluación de la empresa se corrobora con la información a la que ha accedido Perú.21, que señala que los Espinoza Battistini han empezado a *ofertar el predio a los gremios agricultores *a cambio de un alquiler anual de 9 millones de soles anuales.
En conversación con Perú.21, Luis Javier Espinoza –accionista mayoritario y asesor de la presidencia ejecutiva de Sierra Exportadora– dijo que “es un proyecto agroindustrial, no tiene nada que ver con el etanol. Ya tenemos socios que van a invertir en el proyecto, son nacionales y extranjeros pero no los puedo identificar pues son muy sensibles”.
“Soy asesor de una entidad del Gobierno y como tal no estoy limitado a firmar contratos con el Estado. Yo soy una persona jurídica que tiene una empresa y como tal puedo firmar cualquier contrato. Esto se ha hecho en la forma más legal, no vayan a hacer un escándalo de esto ahora”, finalizó. ¿Respaldará el Ejecutivo esta postura?
Fuente: Perú21Temas similares: